No
todo van a ser malas noticias. El gobierno de Rajoy ha aprobado este
viernes el anteproyecto
de Ley de Justicia Gratuita que
amplía los
colectivos que se beneficiarán de este servicio sin tener que
acreditar insuficiencia de medios
económicos. En concreto los nuevos beneficiarios son los
pertenecientes a “colectivos especialmente vulnerables” como
víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres
humanos, así como menores y discapacitados psíquicos víctimas de
abuso o maltrato.
La
nueva ley, que sustituirá a la actual de 1.996, reconocerá dos
grupos de beneficiarios: un grupo que no tendrá que demostrar su
situación económica, como los aludidos anteriormente, y otro grupo
que tendrá derecho a abogado y asistencia jurídica gratuita siempre
que no superen 2 veces y medio el Salario Mínimo Interprofesional
sumando tres miembros por unidad familiar (15.973 euros al año). Si
los miembros que componen la familia suman 4 o más, el tope máximo
de renta para ser beneficiario será de 19.170 euros anuales. También
estarán cubiertos por la justicia gratuita aquellos procesos
relacionados con circunstancias especiales, familiares, de salud o de
discapacidad, elevándose el límite de ingresos a 31.950 euros
anuales.
Igualmente,
Cruz Roja, las asociaciones en defensa de las personas con
discapacidad, los sindicatos y representantes de los trabajadores,
así como las entidades gestoras de la Seguridad Social tendrán
derecho a la justicia gratuita en función de la defensa que deben
representar para sus respectivos colectivos.
Se
añade también a las víctimas de accidentes de tráfico que sufran
secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad
habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las
actividades más elementales.
Todo
ello quedará a expensas de las modificaciones que se produzcan tras
el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado. No obstante,
cuando se produzca la aprobación definitiva y entre en vigor la
nueva ley, los que crean cumplir los requisitos para tener derecho a
la justicia gratuita deberán ponerse en contacto con los
correspondientes colegios de abogados de su demarcación, como hasta
ahora. En cada juzgado hay una delegación del colegio de abogados
correspondiente para informarse y realizar los trámites. En
Massamagrell el ICAV.
En la
parte negativa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha
explicado que la nueva ley de justicia gratuita ha sido posible como
consecuencia de las previsiones de recaudación de la ley de tasas
del 20 de noviembre de 2012, las tasas judiciales tan criticadas
hasta por los mismos profesionales de la justicia. Todo un ejercicio
de hipocresía y mala conciencia.
Al
menos, aparentemente, algo bueno hay. Habrá que leer la letra
pequeña por si las moscas.
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